1.7.10

García Bragado se expone a los cargos de prevaricación y falsedad documental por el caso Palau

García Bragado se expone a los cargos de prevaricación y falsedad documental por el caso Palau

Un documento clave señalaría una propuesta del teniente de alcalde para firmar un convenio entre Generalitat, Ayuntamiento y Palau que requería que la operación se presentara como de interés público


Barcelona. (EFE).- El teniente de alcalde de Barcelona Ramón García Bragado, imputado por la operación especulativa del Hotel del Palau, se expone a los cargos de prevaricación y falsedad documental, a la luz de algunos documentos clave del sumario, según han informado fuentes judiciales.


La juez que investiga el caso del Hotel del Palau ha citado a declarar como imputados al teniente de alcalde de Barcelona, así como al gerente de Urbanismo, Ramon Massaguer, y al arquitecto Carles Díaz, al ver indicios de que ocultaron una "operación especulativa", aunque en su auto evita atribuirles un delito concreto.No obstante, fuentes judiciales han señalado que, de lo declarado por los testigos que hasta ahora han comparecido en la causa y de la documentación que consta en el sumario se desprenden indicios suficientes para imputar a los cargos públicos implicados en la traman los delitos de prevaricación y falsedad documental.

En la investigación se considera clave un documento -al que la propia juez aludió en su auto de imputación- que recoge una supuesta transcripción de una conversación telefónica entre García Bragado y el arquitecto Carles Díaz, del despacho de Óscar Tusquets, escrita a mano por Jordi Montull y también reproducida en un ordenador.

Esa transcripción, hallada en una carpeta del Palau vinculada al Hotel, recoge que García Bragado y Massaguer habían "quedado" en que para sacar adelante el proyecto había que firmar un convenio a dos bandas entre la Generalitat y el Palau, "sin publicidad", y otro entre Generalitat, Ayuntamiento y Palau que requería que la operación se presentara como de interés público.

Esa supuesta conversación telefónica está fechada en marzo de 2006, antes de que el conseller de Economía, Antoni Castells, firmara con Millet el primer convenio que permitía la permuta de las fincas para construir el Hotel, lo que apunta a que los imputados habrían planificado de antemano la operación urbanística y que tendrían el propósito de ocultar sus detalles.

Las declaraciones de los testigos que han desfilado ante la juez, junto a otros documentos de la causa, sustentan también los indicios de que Bragado y Massaguer sabían que el proyecto hotelero se había cedido a un tercero, y aun así en los expedientes de tramitación urbanística hicieron constar que el propietario de los solares era el Palau, lo que podría comportar un delito de falsedad documental.

Pese a que en su querella la Fiscalía destapaba irregularidades en la operación del Hotel, cometidas tanto por la Generalitat como por el Ayuntamiento, la investigación judicial se va a centrar por el momento únicamente en la gestión municipal del asunto.

Según las mismas fuentes, pese a que de lo investigado hasta ahora se desprende una conducta cuanto menos negligente por parte de la Generalitat para facilitar la tramitación del expediente urbanístico -no se aseguró una indemnización por la pérdida derivada de la permuta y se firmó el convenio con Millet sin un informe jurídico-, de momento no se han encontrado suficientes indicios para que su actuación encaje en un ilícito penal.

Aunque la directora general de Patrimonio, Immaculada Turu, admitió ante la juez que en 2008 sabía que los solares para construir el hotel se habían cedido a un tercero, nunca aludió a esa circunstancia en el expediente de tramitación urbanística.

De hecho, cuando en la fase de alegaciones del proyecto un ciudadano planteó que la Generalitat perdía valor patrimonial en la operación urbanística, Turu respondió que la administración catalana sería compensada según el convenio firmado con Millet, sin hacer referencia alguna a la cesión de la propiedad de los solares.


La Vanguardia, 1 de julio 2010