Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística

Presentación de la carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística

A continuación os presentamos una carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística, fruto de las reflexiones surgidas a raíz de la elabolación de un Dosier y de las tres sesiones del Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística celebradas hasta la fecha.

El Dosier, que podéis encontrar en las páginas web http://www.coordinadoraraval.org y http://mobbingbcn.blogspot.com, es una recopilación de textos que tratan de la otra cara de la Barcelona Fashion, Guapa y Limpia y de la famosa colaboración público-privada que caracteriza el modelo Barcelona: la violencia inmobiliaria y urbanística que, de un modo u otro, padece un segmento creciente de la población de la ciudad. La redacción de estos textos surgió de la iniciativa de personas y colectivos integrados en la Coordinadora Contra l’Especulació del Raval y responde a un doble objetivo:

1. Servir de base para la publicación de un documento (un libro u opúsculo) de difusión masiva que, tanto desde las realidades concretas de los barrios como desde las experiencias de los afectados, aborde tanto el tema del mobbing “ilegal” como el “legal” (hipotecas, alquileres abusivos...). Por este motivo hacemos un llamamiento a todos los colectivos y personas de Barcelona afectados de un modo u otro por esta violencia inmobiliaria a que hagan aportaciones a este documento, con el objetivo de incorporarlas a la futura publicación. También invitamos a todas las personas o colectivos que estén trabajando sobre las estructuras políticas, económicas y financieras (p.e. Focivesa, la Caixa, inmobiliarias) que sustentan la violencia inmobiliaria y urbanística a hacer sus aportaciones. Para que este proceso no se eternice, os pedimos que nos comuniquéis hasta el 15 de octubre si queréis aportar algun texto al dossier, que debería estar redactado antes del 15 de noviembre.

2. La redacción, divulgación y aplicación de una carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística. En primer lugar, esta carta exige tres conjuntos de medidas legalmente posibles pero que van completamente contra la corriente dominante del capitalismo especulativo asistido por el estado, cuya aplicación cortaría de raíz la especulación inmobiliaria y garantizaría de verdad el famoso derecho a la vivienda y a la ciudad. Este bloque se acompaña de un conjunto de medidas de aplicación inmediata para paliar los efectos más desastrosos de la violencia inmobiliaria y urbanística.

Creemos que ha llegado el momento de eliminar las cortinas de humo levantadas por los políticos alrededor de esta cuestión. En este sentido, este documento no quiere ser una más de las muchas cartas y manifiestos presentados hasta la fecha, sino que pretende servir de base compartida por el máximo número posible de colectivos para abrir un abanico de acciones contra el modelo inmobiliario y urbanístico que padecemos. Es por esto por lo que, como un primer paso para la aplicación de las medidas exigidas, abrimos esta campaña de adhesiones a la carta que darían la legitimidad para empezar a emprender las acciones de desobediencia civil que entre todos y todas consideremos necesarias. Una vez más, os invitamos a leer y difundir esta carta y a adheriros a las reividicaciones que plantea si las compartís.

Por último, invitamos a todos aquellos que estén interesados en esta problemática a la 4ª sesión del Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística que se celebrará el sábado 5 de noviembre de 2005 a las 17 h en el Espai Obert, c Violant d’Hongria, 71 (Metro Plaça de Sants).

Taller contra la violencia inmobiliaria y urbanística/dirección de correo de contacto: violenciaurbanistica@sindominio.net. Podéis consultar las actas del Taller en el webblog: http://mobbingbcn.blogspot.com/. En las páginas web mencionadas encontraréis también la carta de medidas en castellano y catalán en formato pdf.
Carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística

Soñar con un piso en condiciones adecuadas se ha convertido en una pesadilla para un gran número de habitantes de Barcelona. Según datos oficiales, tan sólo desde finales de 1997 hasta la actualidad los precios de los pisos han subido más de un 150%, mientras que los ingresos netos salariales en los sectores con convenio subieron sólo un 34,5%. El endeudamiento medio de los hogares pasó del 45% en 1990 a más del 60% en 2004. El precio medio de los alquileres en el Área Metropolitana subió de 355 euros en 1999 a 617 en 2004. Al mismo tiempo continúa aumentando el número de pisos vacíos: según el censo de 2001, sólo en la provincia de Barcelona la cifra superaba los 300.000 (y ha continuado creciendo con unas tasas excepcionales).

La conversión de la vivienda en una pura mercancía y objeto de especulación ha creado un círculo vicioso de presiones y miedo que precariza las condiciones de vida de amplias capas de la población. Cada vez hay más personas que se ven obligadas a irse de la ciudad e instalarse a una distancia de hasta 50 km debido a que no pueden encontrar un piso asequible. Y cada vez hay más personas obligadas a jornadas laborales extenuantes en trabajos cada vez más precarizados para pagar su hipoteca o alquiler. Pero aún así para muchos no alcanza: sólo en 2002 hubo 3.675 desahucios en Barcelona.

El hecho de que la ciudad de Barcelona se haya convertido en las últimas décadas en una ciudad marca, donde se ha puesto en funcionamiento un modelo que convierte el territorio urbano en un factor productivo en sí mismo, ha abonado el terreno para la proliferación de la violencia inmobiliaria y urbanística. Esta violencia desencadenada por el “libre mercado” y asistida por la Administración mediante sus planes de transformación urbanística, provoca una devastación del tejido urbano que produce desplazamientos de población, desahucios y el secuestro del espacio público.

Es en las zonas afectadas por procesos de transformación urbanística (Ciutat Vella, Poble Nou, Sants…) donde el llamado “mobbing inmobiliario” se cobra el mayor número de víctimas y donde un mayor número de personas tiene que abandonar su hogar por los aumentos de alquiler abusivos, o simplemente porque el propietario quiere especular con los pisos. Por otro lado, esta selva inmobiliaria ha generado formas de organización vecinal que se enfrentan desde la/s Barcelona/s real/es al modelo Barcelona: una resistencia ampliamente extendida a la especulación y un no a cada plan urbanístico.

El acuciante problema de la vivienda ha sido un banderín en los programas electorales de todos los partidos que han ascendido al poder en los últimos años. Sin embargo, las medidas anunciadas por los actuales gobiernos de “izquierdas” –como p.e. las subvenciones a los propietarios para fomentar el alquiler de los pisos o los planes de vivienda– están lejos de cumplir su promesa de “garantizar el derecho a la vivienda y a la ciudad”, puesto que no contemplan ninguna medida de regulación del mercado.

Por todo lo expuesto, exigimos a los partidos de gobierno que dejen de vulnerar los preceptos de la Constitución española (en concreto el art. 47, que les obliga a “promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”) y que cumplan sus compromisos adquiridos con la firma de convenios internacionales de salvaguarda del derecho a la ciudad.

Con el objetivo de hacer efectivos dichos derechos a la vivienda y a la ciudad, exigimos a la Generalitat y al Ayuntamiento que inicien los pasos necesarios para la adopción de las medidas siguientes:
1. Limitación del precio de los alquileres y del precio de los pisos, de modo que no superen nunca el 30% de la renta del inquilino o hipotecado. En el caso de las personas cuyos ingresos no superen 2,5 veces el salario mínimo interprofesional (el salario mínimo actual es de 513 euros al mes), el precio del alquiler o de la hipoteca no podrá superar nunca el 20% de los ingresos disponibles (tal como lo establece el “Pla per al dret a l’habitatge” de la Generalitat en algunas de las subcategorías de sus pisos de protección).
2. Moratoria de los PERIs y reformas urbanísticas, hasta que se haya realizado un estudio de impacto social en cada una de las actuaciones y hasta que no se hayan elaborado mecanismos para la participación real de los vecinos (y no sólo de los comerciantes y asociaciones “clientelares” del Ayuntamiento) en cualquier decisión que afecte su entorno vital.
3. Abolición de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). En concreto, derogación del art. 9° del Decreto Boyer que establece la supresión de la prórroga forzosa, así como del apartado 1 del art. 9° de la LAU de 1994 que establece un máximo de cinco años de vigencia de los contratos de alquiler. E inicio de un amplio proceso de debate y consulta que deberá llevar a la elaboración de una nueva LAU que haga efectivo y garantice el derecho a la vivienda.
Por otro lado, el dramatismo de la situación actual exige una solución inmediata de los casos más extremos provocados por la violencia urbanística e inmobiliaria. Por lo tanto, y mientras no se hayan satisfecho los tres puntos anteriores, reclamamos la adopción de las siguientes medidas de emergencia.

Medidas preventivas

• Medidas que hagan efectiva la transparencia de los Registros de la Propiedad; por ejemplo, la obligación de informar a todas las partes implicadas en la venta de una finca o de un piso, y la publicación mensual o trimestral de las operaciones de compra-venta realizadas en un mismo registro (y divididas por fincas).
• La obligación, en cualquier operación de compra-venta en inmuebles donde vivan vecinos, de realizar un informe jurídico independiente que avale que las condiciones de la operación respeten los derechos de los mismos.
• La condición, para la concesión de subvenciones para la rehabilitación de edificios, de una moratoria de cinco años en los precios de los alquileres y de un aumento ajustado estrictamente al IPC una vez finalizado este plazo.
• La penalización de los inmuebles vacíos, sin utilizar o abandonados (mediante el aumento del IBI o la amenaza de expropiación) y la despenalización de la ocupación, con la abolición de las penas de multa, prisión y condena en costas que actualmente recoge la ley. La revocabilidad de los documentos de propiedad de un inmueble a partir de los cinco años de abandono.
Actuaciones en el ámbito penal
• La persecución de las prácticas de violencia inmobiliaria, que deberían tipificarse como delito de vulneración del derecho a la vivienda y sancionarse con penas proporcionales a la importancia del mismo. En el caso de la participación en estas prácticas de miembros del Registro de la Propiedad, funcionarios municipales o autonómicos, sociedades mixtas público-privadas y administradores de fincas, una primera medida debería ser su inhabilitación para cualquiera de estos cargos públicos.
• En el estado actual de la situación consideramos prioritaria la intervención de las instituciones municipales y autonómicas como acusación pública en casos de acoso inmobiliario (mobbing) denunciados por vecinos, como medida disuasoria para contrarrestar la impunidad con la que actúan empresas y particulares en este sector.

Dada la extrema gravedad de la situación y mientras no se apliquen las medidas exigidas en este documento, los abajo firmantes hacemos una llamada a emprender acciones de desobediencia civil que visualicen la insostenibilidad del modelo actual y que generen redes de defensa, lucha y resistencia contra la violencia inmobiliaria y urbanística.

Escrito en algún lugar de la selva inmobiliaria, septiembre de 2005

(Esta carta de reivindicaciones se basa en las reflexiones de un dosier que se puede bajar en: http://www.coordinadoraraval.org y http://mobbingbcn.blogspot.com ; dirección de contacto: violenciaurbanistica@sindominio.net).



Los y las abajo firmantes apoyamos las exigencias expuestas en esta hoja de reivindicaciones:

NOMBRE DNI FIRMA




Nuestra asociación se adhiere a la carta de medidas contra la violencia inmobiliaria y urbanística:

Nombre y timbre de la asociación o firma del representante